EVIDENCIAS

Queridos amigos:

La Argentina se encuentra en situación de emergencia económica. No porque lo diga la oposición, los medios independientes  o alguno de los involuntarios postulantes a la nueva categoría de “terrorista promotor de golpe de mercado”  a la que, según  la interpretación del Jefe de la Unidad de Investigación Financiera,  habilita la nueva legislación. Argentina se encuentra en emergencia económica porque esa calificación ha sido propuesta por el poder ejecutivo y votada por la totalidad del oficialismo en la Cámara de Diputados. Es pues una evidencia, entendida ésta según dice el diccionario de la lengua como una “certeza clara, manifiesta, y tan perceptible, que nadie puede racionalmente dudar de ella”.    Por lógica conclusión, toda la monserga del blindaje económico, el crecimiento histórico y la visión de una nación ajena a los avatares internacionales con que nos abrumaron durante la campaña política fue, también en forma evidente, una patraña colosal. Dicha patraña sirvió para ganar una elección pero se está revelando como falsa con cada acción de la re-electa fuerza oficialista.

 La insólita cantidad de leyes que obtuvieron en la semana que pasó la media sanción de los diputados pone también en evidencia que la parálisis legislativa vivida el presente año obedecía nomás a una deliberada y antidemocrática actitud de los legisladores del Frente para la Victoria para no tener que debatir sus propuestas  con el resto de los bloques. Por eso, tan pronto recuperaron la mayoría absoluta, se lanzaron a promulgar en forma frenética  y sin atender ni escuchar ningún argumento cuestionador  o enriquecedor (parece que les da lo mismo) todo lo que el poder ejecutivo pidió, aunque estuviera en contradicción con lo afirmado anteriormente o representara una amenaza contra  principios republicanos tan indiscutibles como la libertad de expresión.

Detrás de cada una de las leyes presentadas surge un dardo a un oponente sobre el que hay que tomar revancha o una argucia para consolidar un mayor espacio de poder. El estatuto del peón rural apunta al  ámbito laboral del señor Venegas, un gremialista que se opuso al gobierno y que en las elecciones apoyó abiertamente a Eduardo Duhalde. El absurdo impuesto al cheque se mantiene, a pesar de que fue de creación excepcional y la recaudación queda en su totalidad a nivel nacional debilitando las finanzas provinciales. El nuevo régimen penal para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo podría ser utilizado para acusar de terroristas a quienes sean sospechosos de promover una corrida bancaria o un “golpe de mercado”. La delegación del Congreso al ejecutivo para que pueda fijar por decreto el mínimo no imponible otorga un arma al gobierno para negociar con los gremios, pero al precio de ceder funciones de orden impositivo que son facultad indelegable del poder legislativo. Finalmente, nada más innecesario y amenazador que  la ley que promulga el control del Estado sobre la producción de papel para la prensa.

En este punto se impone una reflexión más profunda. Existen pocos antecedentes de un ataque tan persistente y contumaz sobre un medio de comunicación como el realizado por Néstor Kirchner  y ahora por Cristina Fernández contra el grupo Clarín. Se acusó a la dueña de ese medio de haber adoptado a hijos de desaparecidos, acusación cuya falsedad fue científicamente demostrada.  Se promulgó una Ley de Medios, a medida, para desarticular al grupo empresarial, que fue parcialmente neutralizada por la justicia. Se llegó al extremo de endilgar a la compra de la empresa Papel Prensa  el carácter de delito de lesa humanidad lo que jamás pudo ser probado pero que sin embargo es utilizado como argumento descalificador. Ahora se suma al embate este proyecto de ley que terminaría por dejar en manos del gobierno el manejo de un insumo vital para la prensa escrita. Como el gobierno tiene asegurada la mayoría legislativa este mecanismo de limitación de la libertad de expresión sigue avanzando y será la Justicia (con mayúsculas) la última línea de defensa en quien recaerá la responsabilidad de proteger derechos constitucionales inalienables que están duramente presionados.

La democracia republicana, con su sistema de elección de autoridades que ejercen la conducción del Estado manteniendo  un balance de poder, respetando la Constitución y con el debido respeto por las minorías, requiere como cualquier organización social que el espíritu que guie las acciones de quienes fueron elegidos para conducir, sea el de procurar el bien común. No hay sistema suficientemente virtuoso como para protegernos por sí mismo de quienes actúen permanentemente buscando cada recóndito  y retorcido recurso de las leyes con la única finalidad de ejercer un poder sin medida ni control en beneficio de sí mismos  o de su reducido sector.

Otras cuestiones que se hicieron evidentes fueron las disputas entre los aliados del poder, siempre intuidas pero prolijamente negadas  y ocultadas hasta que se consumara la elección. Nos referimos, por caso, a la directiva que impidió a los seguidores del vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires,   Gabriel Mariotto, acceder a la legislatura, lugar  en que dicho funcionario y el Gobernador Daniel Scioli  juraron sus cargos. El acceso de los militantes identificados como miembros  de la Juventud Peronista y de la agrupación La Cámpora, fue frenado por la fuerza por la policía bonaerense que actuó según las órdenes recibidas. El final insólito de esta situación fue que ante los reclamos políticos de quien se sintió perjudicado, terminó bajo sumario el último eslabón de la cadena compuesto por  los policías que tuvieron que poner el pecho (y diversas partes de su cuerpo) para cumplir la orden. Esta actitud de desligarse de la responsabilidad que en una estructura vertical como la que rige y debe regir a una fuerza policial  corresponde siempre a quien imparte las directivas es muy grave  y tiene lamentables antecedentes en nuestro país. Al presente cumplen prisión en Argentina cientos de oficiales  y suboficiales de las fuerzas armadas, policiales y de seguridad que durante la vigencia de un gobierno militar, mientras  ostentaban bajas jerarquías, cumplieron órdenes emanadas de sus mandos naturales cuya  legalidad  no podían ni tenían argumentos para cuestionar. Esa terrible injusticia no parece preocupar más que a los parientes, amigos y algunos grupos de abogados  y camaradas que son conscientes del pésimo antecedente que esa situación significa tanto para el funcionamiento de las instituciones como para la justicia en general. En el caso de los policías de la bonaerense, su reacción ante la injusticia fue rápida y activa y contó con el apoyo de muchos compañeros, lo que  pone  un manto de preocupación pues cuando se llega a ese tipo de situaciones se afectan la disciplina  y el orden interno.

En síntesis, los políticos pueden hacer su juego de poder  y disputar sus espacios pero si en ese devenir se permiten involucrar a las fuerzas públicas deberán recordar que lo que acontezca siempre será su responsabilidad indelegable y que no tienen la facultad ni el derecho de abandonar a los funcionarios policiales que han cumplido lealmente sus  órdenes, cuando la situación se complica.

Otra alianza que mostró serias fisuras en esta semana fue la que unía a la Confederación General del Trabajo con el gobierno. Su Secretario, Hugo Moyano, parece haber sido elegido por el oficialismo para ocupar el lugar de oponente que en el año 2007 le asignaron a los productores rurales, situación que permite al gobierno aglutinar a sus fuerzas y conmover a la opinión pública. Ahora se revela una de las razones para  no atender los reclamos  de candidatos de origen gremial en las listas de legisladores que tan cuidadosamente confeccionó la señora presidente. Eso demuestra que el conflicto con Hugo Moyano, y a través de su figura la confrontación con el sindicalismo tendiente a quitar poder a ese sector en tiempos de emergencia económica, estaba previsto desde hace tiempo. La provocación (en el lenguaje  de crisis se la conoce como “el desafío”) la materializó la presidente en su discurso de asunción al hablar de extorsión gremial. La reacción de Moyano fue de manual. Escaló de palabra, hizo un gesto al renunciar a sus cargos en el partido justicialista y quedó a la espera del próximo movimiento. Si el gobierno, como pensamos, tiene la intención de confrontar, los reclamos gremiales llegarán a la huelga  o la protesta. El problema de las crisis es que no siempre el que las desencadena pude luego controlar la “escalada”. El gobierno cuenta con las presiones judiciales, la posibilidad de que el Congreso le apruebe cualquier ley restrictiva del poder sindical vinculada a las obras sociales y el poder de aumentar el mínimo no imponible por decreto si quiere comprar en vez de confrontar. Por ahora maneja la iniciativa pero su tiempo terminará cuando empiecen las discusiones paritarias. Así estamos.

Pero la semana todavía nos tenía reservada otra situación de alto impacto. En los países serios, los secretos de Estado se revelan 20 o 25 años después de sucedidos los hechos mediante la apertura de archivos. En Argentina basta que se peleen dos aliados para que conozcamos la intimidad oculta de las relaciones espurias. Sergio Schoklender, quien fuera apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, ha relatado que ha participado junto con los responsables de esa organización de robos a mano armada, contacto con organizaciones terroristas, acopio de armas de guerra y planeamiento de secuestro entre otras actividades ilícitas.  Falsas  o verdaderas, tamañas  afirmaciones deberían  ser objeto urgente de una ineludible  acción de los fiscales. La justicia como siempre tiene la palabra, esperemos que  ejerza su uso.

Algunos amigos me dicen que si los ciudadanos argentinos le dieron al ejecutivo los votos para controlar el Congreso, habiendo estado expuesta la naturaleza autoritaria del gobierno, poco queda por decir. Sin embargo, esa ciudadanía que fue muy manipulada y engañada ha tomado conocimiento demasiado rápido de las evidencias que prueban  el manejo de que fue objeto y mantiene el derecho de hacerse escuchar en cada momento. No solo el día de la elección se expresa el ciudadano en un verdadero sistema republicano y democrático.

Un abrazo para todos. 

Juan Carlos Neves, Presidente de Nueva Unión Ciudadana

www.nuevaunionciudadana.org