LAS INSEGURIDADES QUE NOS ABRUMAN

Queridos amigos:

La palabra inseguridad ha sido el término clave de la semana que pasó. La inseguridad física ante los embates cotidianos de la delincuencia es, desde hace tiempo, la estrella indiscutida de los canales de noticias televisivas. Pero la inseguridad jurídica ganó esta semana las primeras planas de los medios gráficos y se ubicó en el centro de atención de la sociedad.

¿Qué se entiende por inseguridad jurídica en términos sencillos? Pues la pérdida de certeza o confianza en que las normas, las leyes y los contratos que rigen el funcionamiento de la sociedad no serán alterados, sin respetar los caminos jurídicos para su modificación ni considerar los derechos de los afectados. Esto es grave para todos los ciudadanos pero los que elevan en forma más inmediata su protesta son sin duda los empresarios  y productores que comprometen grandes inversiones en emprendimientos que requieren de un tiempo prolongado para dar frutos y permitir recuperar lo invertido.

En Argentina sabemos mucho de inseguridad jurídica. Cuando en el año 2001 el Estado se quedó con los dólares depositados en los bancos por los ciudadanos y devolvió pesos devaluados consumó una mega ruptura de contratos que afectó por años la confianza en las instituciones bancarias y la creencia en las promesas gubernamentales. Había entonces una situación de quiebra e incapacidad de pago que costó años  y muchos sacrificios remontar. Fue un caso de inseguridad jurídica producto de una crisis financiera. Pero en los años de gobierno del Frente para la Victoria, tanto con Néstor Kirchner como con Cristina Fernández, la inseguridad jurídica tiene otros orígenes. Las leyes y los contratos se vulneran para servir a un proyecto político, a una ideología y a una búsqueda de poder, sin correlato con cuestiones de interés público o necesidad social.

Hoy el tema está candente porque el gobierno anunció que no permitirá que el grupo Clarín continúe brindando un servicio de Internet que llega a más de un millón de usuarios y porque ha lanzado una ofensiva brutal contra la empresa Papel Prensa que no parece tener otro origen que el hecho de que  su mayoría accionaria pertenece a las empresas dueñas de los diarios Clarín y La Nación que no son afines al gobierno. Estos medios, ahora amenazados, asignan al tema toda la gravedad que merece cualquier afectación a la libertad de prensa pero no podemos dejar de mencionar que el tema de la inseguridad jurídica tiene graves antecedentes que han sido tratados con inusitada ligereza.

El primer blanco del gobierno del Frente para la Victoria fueron los militares que en la década del setenta y principios de los ochenta habían enfrentado a las bandas subversivas denominadas Montoneros  y Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Estos hechos fueron juzgados luego del advenimiento de la democracia y hubo condenados, Leyes denominadas de Punto Final y Obediencia Debida que limitaron el alcance de las responsabilidades y Decretos de Indulto que alcanzaron a militares  y subversivos condenados. Esta estructura jurídica cerraba así un ciclo de la historia que por presión de quienes detentaban el poder se buscó reabrir. Para hacerlo se anularon leyes en forma retroactiva, se anularon indultos en forma parcial para afectar sólo a los militares  y lo que es más grave se recurrió a una figura jurídica denominada “delitos de lesa humanidad” que no estaba tipificada en nuestro código penal y que no existía en nuestra jurisprudencia a la fecha de los  delitos imputados. Para agravar el hecho, como aún quedaba el tema de la prescripción, se declaró que los delitos de lesa humanidad pasaban a ser retrospectivamente imprescriptibles. Y finalmente, se incluyó dentro del espectro de los delitos de lesa humanidad una multiplicidad de hechos que están absolutamente afuera de los criterios que las leyes internacionales emplean para clasificar esos delitos.

Esta tremenda violación de principios jurídicos básicos fue avalada por la Corte Suprema de Justicia, contó con el acuerdo del Congreso y fue ignorada por los medios de difusión por aquello de  “a mi no me va a tocar” y “esto lo aceptamos porque sólo apunta a los militares”. Pero ahora resulta que el gobierno amenaza con meter dentro del concepto de “delitos de lesa humanidad” la compra de acciones de Papel Prensa hecha en el año 1976 y un estallido de horror, justo aunque tardío, estalla en la familia mediática. Es su turno.

Ya los productores agropecuarios habían sufrido los embates de la inseguridad jurídica cuando de un plumazo habían tratado de llevarles los fondos retenidos en forma de retenciones a niveles insoportables. En esa ocasión el voto oportuno e inesperado del vicepresidente salvó al campo de la injusticia y la ignominia.

Pero siguieron. Y nos quitaron a los clientes de las AFJP que habíamos optado voluntariamente por adscribirnos a un régimen de jubilación privada nuestros fondos para estatizar el sistema. Y adelantaron las elecciones del 2009 cuando y cuanto les dio la gana. Y crearon un régimen de partidos políticos que elimina a las pequeñas agrupaciones que sostienen la pureza ideológica aun cuando no suman masas.  Y promulgaron una ley sin consenso con elecciones primarias cargadas de trampas en la que las estructuras de los partidos son las dueñas de las alianzas  y de los filtros para competir. Y promulgaron una ley de medios que apunta a eliminar la fuerza y hasta la existencia de los medios independientes. Y promovieron la promulgación de una ley de matrimonio para homosexuales, sin consultar a la sociedad ya que no estaba en la plataforma partidaria de ningún partido político siendo ese documento el contrato básico entre el elector  y sus representantes. Todo, todo eso y mucho más, hecho con la fuerza de la prepotencia que da el poder o una mayoría circunstancial, es también inseguridad jurídica.

Hoy exponen su preocupación por la inseguridad jurídica los empresarios, los juristas responsables  y los dueños de los principales medios de comunicación del país. Bienvenido sea. Les recordamos lo cruel que fue su indiferencia cuando les tocó sufrir a otros sectores pero los recibimos con los brazos abiertos al cada vez más amplio grupo de los que queremos construir una Argentina con respeto al derecho, con sometimiento a la ley, sin sectores desechables a los que sea posible elegir de “chivo expiatorio” o de “moneda de cambio” para obtener ventajas sectoriales. Nuestra sociedad, como toda sociedad  que se respete, tiene reglas  y normas para todos que no podemos permitir que se vulneren para satisfacer los deseos o las necesidades del mandamás de turno cualquiera sea su nombre  o su tendencia.

La Argentina del 2010 tiene, según estadísticas confiables, el más elevado nivel de  presión tributaria de la historia nacional  y el nivel más alto de gasto público de los últimos 30 años. Todo esto sin brindar adecuados servicios y con un creciente número de habitantes por debajo de la línea de pobreza lo que sólo las estadísticas manipuladas del INDEC pueden tratar de disimular. Nuestra sociedad pide con urgencia un cambio. Transparencia, controles que funcionen, eficacia administrativa y de gestión y seguridad jurídica y física. El gobierno camina en sentido contrario y se apresta a lanzar renovadas ofensivas contra la prensa que no le es fiel. Nosotros, los ciudadanos, debemos estar atentos para hacer sentir nuestra voz en defensa de los valores que preserven ya no solo nuestro bienestar sino nuestra misma libertad que está siendo amenazada. Usemos nuestra voz, nuestra presencia y nuestro voto pata hacer conocer  nuestra voluntad.

Un abrazo para todos

Juan Carlos Neves, Presidente de Nueva Unión Ciudadana