Queridos amigos:

Para una gran mayoría de los argentinos la posibilidad de que Néstor o Cristina Kirchner triunfen en las elecciones del 2011 genera un temor y un desasosiego profundo. He escuchado a algunos que llegan al extremo de decir que si tal cosa sucediera analizarán seriamente la posibilidad de irse del país, porque consideran que la Argentina no puede soportar cuatro años más este nivel de mal gobierno, autoritarismo, mentiras y corrupción. Es difícil que sus temores se materialicen porque el descontento creciente por el ritmo de la inflación y la tremenda inseguridad existente anulan el efecto de los mayores ingresos por la exportación granífera y la producción automotriz. El mayor consumo que se genera al poner dinero en la calle para contentar a los votantes (nunca vistos como ciudadanos) realimenta el proceso inflacionario y ya no son sólo los alimentos los que aumentan de forma incesante sino que al debilitarse el sistema de subsidios también aumentan la energía, el combustible y otros numerosos rubros.

Pero pese a esto, para muchos, el fenómeno de los distintos grupos de oposición que debaten o marcan diferencias entre sí sin formar un frente antigubernamental  homogéneo, como se vio esta semana, es motivo de desazón y malos augurios. Esto no debería ser así. Por ejemplo, si se discute la problemática de las retenciones a los productos agropecuarios es previsible que las fuerzas de tendencia socialista opinen que el manejo de este tema debe estar en manos del gobierno, ya que los socialistas sostienen como base de su ideología que los medios de producción deben estar en manos del Estado y que éste debe regular las actividades económicas y sociales y la distribución de los bienes. Por muy atractiva que para algunos resulte la personalidad del Gobernador Binner, el hombre es socialista y actúa en consecuencia en cuestiones que tocan a su ideología. Tampoco es sorprendente que la señora Carrió, una verdadera bombardera mediática, busque diferenciarse de quienes son al mismo tiempo sus aliados y competidores a más de un año de las elecciones, porque eso es normal tanto por su condición de política como por su naturaleza conflictiva.

La ideología, los intereses políticos partidarios y las características personales, existen e influyen en las acciones y decisiones de los individuos aunque algunos preferirían que así no fuera. Las distintas corrientes de oposición van a encontrar coincidencias en los temas institucionales, tales como la restitución de la normalidad  del INDEC, la modificación de la conformación del Consejo de la Magistratura, la derogación de las facultades extraordinarias al Ejecutivo o las limitaciones al uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia, pero en los temas económicos y sociales es lógico y saludable que los diferentes partidos tengan posiciones diferentes y acordes a su visión de la sociedad.

Por las elecciones no hay que preocuparse todavía. La Ley de Primarias que el Gobierno impuso con su consabido autoritarismo está logrando desbaratar a muchos pequeños partidos, como era uno de sus oscuros objetivos, pero conducirá fatalmente a una concentración de candidatos que terminará con la hegemonía del Frente para la Victoria porque los errores de los dos dueños del “espacio” son formidables e inocultables. Lo malo sería que el rechazo a ellos llevara a enhebrar alianzas inviables porque después de ganar elecciones viene lo más importante que es gobernar y eso requiere de uniones estables  y sólidas. Así que a no asustarse por las disputas naturales porque la derrota de los actuales gobernantes es ineludible por el rechazo popular y masivo que generan y porque la propaganda estatal no puede disimular más la realidad.

Hay otros temas, de menor repercusión mediática pero tremenda significación ciudadana, que sucedieron esta semana y son dignos de preocupación. El irrefrenable aumento de la violencia y la criminalidad es uno de ellos y su persistencia ya torna patética las menciones a la “sensación de inseguridad” o a las estadísticas favorables en el marco de comparaciones inconcebibles, que provienen del Jefe de Gabinete. Quiero también hacer especial mención a una frase de profunda gravedad institucional pronunciada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En una convocatoria en la que habló acompañado por colegas, organizaciones como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y personalidades como el juez español Baltasar Garzón, el Ministro de Justicia y los diputados Recalde y De Narváez afirmó, con referencia a las propuestas de finalización de los juicios por supuestos delitos de lesa humanidad que: “no tienen marcha atrás, pues su avance no depende de la coyuntura ni de una persona que esté en el poder, sino que forman parte del consenso básico de la sociedad”.

Esta frase sería natural en boca de un referente político pero parece inapropiada al ser formulada por una de las máximas autoridades jurídicas de la nación. Los abogados de los militares acusados por delitos de lesa humanidad han argumentado que para llegar al juicio de sus defendidos se han vulnerado principios básicos del derecho tales como la anulación retroactiva de leyes, la imputación por figuras tipificadas con posterioridad a los hechos juzgados o el juzgamiento de imputados dos veces por la misma causa, por citar sólo algunas de las más serias. La respuesta a estos cuestionamientos debería ser sin duda de orden jurídico y doctrinal, quienquiera sea el acusado, y mal puede fundarse dicha respuesta en haberse alcanzado “el consenso básico de la sociedad”. Si ese fuera un argumento válido para la justicia se podrían justificar todo tipo de aberraciones ya que dicho consenso puede manejarse con manipulaciones mediáticas y presiones políticas. Acaso los horrorosos crímenes del nazismo contaron en su momento, en Alemania, con el consenso básico de la sociedad en ese país. Los mismos militares hoy acusados creían tener un consenso básico expresado en decretos que les ordenaban “aniquilar” al terrorismo y la subversión para actuar según lo hicieron. El “consenso básico” no puede ser nunca argumento jurídico pues bastaría que ese consenso se modificara para que cambiara toda la perspectiva del derecho aplicado en la materia. Debe considerarse también que ni siquiera ese argumento político del “consenso básico de la sociedad”  está probado ya que a diferencia  de países como Uruguay, que sometieron la anulación de las leyes de amnistía a sucesivos referendos (en los que dicho sea de paso se rechazó esa anulación), en la Argentina nada se sometió al voto ciudadano y los que tomaron las decisiones sólo escucharon las voces de los que pensaban igual. Es imperioso que la Corte analice los serios reparos jurídicos que se plantean a los juicios de “lesa humanidad” con argumentos jurídicos y no políticos y que responda a los serios cuestionamientos recibidos desde el punto de vista del derecho.

Esa misma mentalidad parece imperar en los jueces que permiten excarcelaciones de delincuentes que vuelven sistemáticamente a delinquir y que se apresuran a dictar fallos a favor de la despenalización de la droga o a interpretar el Código en términos de favorecer el aborto. Detrás de esos fallos está el inocultable deseo de buscar el “consenso social” que todo lo parece justificar y que, según vimos, ya es enunciado por el mismísimo presidente de la Corte Suprema.

Es imprescindible que, además de las preocupaciones políticas, nos aboquemos a lograr un nuevo consenso social que se implemente alrededor de los principios y valores propios e inmutables de nuestra cultura y nuestra constitución. Que impere la ley, aunque los demagogos nos señalen chivos expiatorios, los medios nos acosen con mensajes deformantes y los gobernantes de turno presionen para defender a sus aliados políticos y poner en el banquillo a sus enemigos.

Como ven, hay cosas más importantes que las chillonas peleas entre políticos ya que tenemos que pensar, y muy seriamente, en la república que vendrá.

Un abrazo para todos y que el espíritu del General San Martín nos guíe y nos inspire también a todos, aun a los que no se acuerdan por qué tenemos un “fin de semana largo”.

Juan Carlos Neves, Presidente de Nueva Unión Ciudadana.