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INFORME DEL 8 DE AGOSTO

ENTRE LA INCOMPETENCIA, LA PREPOTENCIA Y LA SOBERBIA

Queridos amigos:

La Provincia de Buenos Aires se ha convertido en un territorio asolado por el delito, los crímenes y la violencia. Esa repetida realidad ha llevado a sus habitantes a adoptar una actitud de callada resignación, aceptando estas circunstancias como se aceptan los desastres ambientales o las enfermedades incurables. Pero de tiempo en tiempo, como sucedió con el asesinato del secuestrado Axel Blumberg, las características brutales  y conmovedoras de algún crimen sacuden la indiferencia de los ciudadanos y obliga a los responsables de la seguridad a asumir sus responsabilidades. En esta semana, el hecho conmocionante fue la muerte del hijo recién nacido de una mujer, baleada a la salida de un banco por asaltantes, quien debió dar a luz por cesárea. Hoy ella misma está internada y en grave riesgo despertando en la sociedad profundos sentimientos de congoja, empatía y solidaridad.

El gobernador de la provincia, Daniel Scioli, se ha acercado a los parientes y se ha sumado a las quejas  y las expresiones de dolor. No es la primera vez que lo hace ante hechos similares, desgraciadamente muy frecuentes, pero el problema es que aunque no dudemos de la autenticidad de sus sentimientos, en su caso la solidaridad no alcanza. Porque él, el gobernador, es quien tiene a su cargo a la policía provincial, posee mayoría en ambas cámaras de la legislatura lo que le permite promulgar leyes y hace más de dos años que está en ejercicio de sus funciones. El fracaso de sus intentos (y digo intentos porque jamás se instrumentó una verdadera política de seguridad) es evidente  y reiterado. Cambió autoridades, unificó ministerios pero los muertos se siguen sumando y los delitos acumulando. Ahora ha llegado al extremo de invitar a que le acerquen iniciativas en un intento de diluir responsabilidades que son indeclinables. La verdad es que el gobernador se ha mostrado incompetente para solucionar el tema de la inseguridad y quien es incompetente para cumplir su función debe renunciar y dejar que la ejerza otro que sepa y pueda.

Peor aun ha sido la actitud del Jefe de Gabinete y virtual vocero presidencial. Se ha permitido afirmar que había quien esperaba la muerte del recién nacido para hacer “politiquería” con el dolor ajeno. Semejante acusación de una actitud que sería propia de mentes perversas y desalmadas no tiene nombre ni apellido, tan sólo el claro objetivo de inhibir las críticas y condicionar a los que quieren expresar su repudio ante el brutal crimen y protestar por ello. Esta barbaridad fue acompañada por la consabida apelación a estadísticas que solo el dicente parece manejar y que desde la soberbia y la  prepotencia que permite su cargo lo habilitan a afirmar que tenemos la menor tasa de criminalidad de Sudamérica o que la inseguridad es una sensación.

Lo cierto es que muchos sabemos qué hay que hacer para mejorar la seguridad de los habitantes de la Argentina y sospechamos porqué no se hace. Habría que promulgar leyes que persiguieran el cultivo, tráfico y consumo de estupefacientes y utilizar todos los recursos del estado incluyendo a los medios de la fuerza aérea para impedir el ingreso de estupefacientes por vía aérea. Promulgar un régimen penal juvenil que asegurara que un delincuente de cualquier edad que mata o roba con armas no vuelva a la calle sin penalidad. Perseguir a los reducidores de los productos robados. Asegurarse que se cumplan las penas de los delincuentes en su totalidad. Sumar las penas por cada crimen o delito. No excarcelar al detenido en flagrante delito. Declarar la emergencia en seguridad y derivar urgente partidas presupuestarias a la construcción de cárceles apropiadas para encausados o condenados. Disponer el trabajo de los condenados para que con su producido se indemnice a las víctimas y se cubra al estado por su manutención. Mejorar la formación, capacitación y adiestramiento policial y dotarlos de medios operativos que les brinden superioridad sobre los delincuentes. Tratar al personal de las fuerzas policiales y de seguridad con la dignidad que sus altas responsabilidades exigen. Retornar el orden en los espacios públicos. Asegurar el control policial en villas y asentamientos para negar “santuarios” a los delincuentes. Evitar el auge del juego y la prostitución. Perseguir el lavado de dinero. Y por sobre todo, tomar la decisión política de priorizar la protección de los derechos de los ciudadanos que cumplen la ley por sobre los que eligen violarla y delinquir.

Sospecho que el gobierno actual no puede encarar estas cuestiones porque sufriría el ataque despiadado de las organizaciones autodenominadas defensoras de los derechos humanos, de los medios de comunicación de izquierda, de los grupos violentos que suelen acallar los cacerolazos a palos, de los abolicionistas que buscan la despenalización de los delitos y de diversas organizaciones a las que hoy cuenta entre sus aliados políticos y que lo inhiben a la hora de tomar medidas claras y definidas a favor de la seguridad. Es claro que la subordinación del gobernador de la provincia de Buenos Aires al ejecutivo nacional lo ata de manos para actuar con firmeza y que el gobierno nacional no muestra interés en hacerlo, por lo que todos los esfuerzos van dirigidos a acallar las voces críticas, denostar a los medios que denuncian la inseguridad y esperar que los ciudadanos olviden y mueran en silencio, so pena de ser acusados de politequeros o aprovechadores del dolor.

Esta semana, también los representantes de las grandes agrupaciones empresariales se han animado a expresar su preocupación por la seguridad, en este caso la jurídica. Estas expresiones que hasta el presente sólo se formulaban en ambientes cerrados ahora se hicieron públicas lo que evidencia una saludable pérdida de temor  y un hartazgo manifiesto. También se hacen más fuertes cada día las quejas por la inacción ante la creciente inflación, fenómeno que al igual que el de la inseguridad no puede enfrentarse porque se ha elegido negarlo, manipulando las estadísticas o recurriendo a eufemismos dialécticos que pueden ser ingeniosos pero que no pueden ocultar la realidad por siempre.

Para no cerrar la semana sin esperanzas, quiero expresar la agradable sorpresa que produjo la noticia de que cuarenta poseedores de las mayores fortunas del mundo han prometido ceder la mitad de sus bienes para obras de caridad. Los ha impulsado el ejemplo de algunos precursores y la apelación al deseo de ver un mundo mejor antes de irse de él. No se cuantas de estas promesas se cumplirán o como se implementará este sueño pero el solo hecho de pensar que el ser humano puede superar su egoísmo y pensar en términos de humanidad nos da esperanzas para seguir tratando de construir para nuestra golpeada sociedad argentina, un futuro mejor.

Un abrazo para todos.

 Juan Carlos Neves, presidente de Nueva Unión Ciudadana