Queridos amigos:

Para que en una nación haya justicia es necesario que se promulguen leyes legítimas, que los jueces dicten sentencias en función de esas leyes  y que una fuerza pública haga cumplir las sentencias dictadas. Si alguno de los elementos de esa triada falla, la idea misma de justicia se ve seriamente agraviada. En Argentina teníamos el problema de la promulgación de leyes cuestionadas ante la justicia por vicios de procedimiento y giros anticonstitucionales y de jueces acusados de parcialidad cuando se trata de juzgar a funcionarios públicos con poder. Luego de la decisión judicial de que se reabra el puente internacional en Gualeguaychú debemos agregar a los males de la justicia la categoría de  “sentencia incumplible” que describe la renuncia del Estado al empleo legítimo de la fuerza pública para hacer efectiva la orden judicial cuando ello es políticamente riesgoso.

Hay detrás de esta actitud del gobierno la presión de una conciencia culposa. Fueron el presidente Néstor Kirchner  y su esposa Cristina Fernández quienes alentaron, cuando les convino, a los asambleístas que producían el corte y hablaron de una “causa nacional”. Fueron ellos quienes le asignaron un cargo público a la abogada de los asambleístas para congraciarse con aquellos cuyos votos requerían, sin reparar en medios. Son ellos mismos quienes ahora, por compromisos contraídos con el gobierno uruguayo, necesitan que el bloqueo del puente internacional se levante probablemente porque Kirchner es ahora Secretario de la UNASUR gracias al levantamiento del veto uruguayo y sin haber sido forzado a la obligación de renunciar a sus cargos de diputado y presidente del partido justicialista. Pero cualquiera sea la motivación del  cambio de actitud, el desprecio por la decisión judicial que el mismo gobierno forzó nos muestra como un país en que la justicia ha pasado a ser de aplicación eventual, acomodaticia y circunstancial. O sea que  no es justicia, al menos como se la entiende en el mundo al que nuestra nación pertenece.

En este caso, como en muchos otros, las verdaderas motivaciones y las verdades se ocultan y disimulan alejando a muestro país del ideal republicano de transparencia de los actos públicos. El afán por engañar lleva a que la presión alcance los ámbitos académicos tal como sucede con los expertos universitarios que tienen que dictaminar, a pedido del propio gobierno, sobre la validez de la metodología  y los datos de inflación del INDEC. A los docentes se les hace saber que si dictaminan que las cifras informadas son erróneas e inferiores a las reales, la Argentina deberá afrontar juicios de los tenedores de bonos y otros acreedores cuyos pagos debían incrementarse en función del índice de precios al consumidor. Por ello deberían faltar a la verdad por “razones de Estado”. El sociólogo Max Weber decía que existe  una “ética de la convicción” que lleva a los gobernantes a actuar en función de sus principios y promesas y una “ética de la responsabilidad” que los obliga a actuar pensando en las consecuencias de  sus políticas antes que en sus convicciones personales. Pero esta disyuntiva no es aplicable a los técnicos ni a los académicos. Su obligación es revelar los datos científicos y matemáticos y ser fieles a la verdad. Quedará para otros disfrazar los números y dar soluciones políticas a los problemas que crearon pero si no podemos confiar ni siquiera en la verdad científica, estamos acabados como sociedad organizada.

Como ejercicio intelectual podemos imaginar que sucedería si por imperativo categórico, la obligación de decir verdad se impusiese como ley universal. Fidel Castro, por ejemplo, reconocería que no puede abrir las fronteras de Cuba porque la isla quedaría con muy pocos habitantes y que no puede permitir elecciones libres porque teme que pocos quieran seguir viviendo bajo un opresivo sistema comunista. Gran Bretaña admitiría que no se anima a discutir la soberanía de Malvinas porque todas las evidencias indican que son argentinas y debería devolverlas perdiendo su base estratégica y su potencial petrolero. El gobierno argentino debería reconocer que persigue a los medios independientes porque no puede soportar que permanentemente alerten a la ciudadanía sobre todas aquellas cosas que desea ocultar, tales como índices de criminalidad, índices de inflación y de pobreza, casos de corrupción y de clientelismo desembozado. Los ideólogos del actual “modelo” declararían que no tiene sentido que la masa de pobres e indigentes acceda a trabajos dignos que les permitirían autosustentarse en vez de depender de planes y subsidios estatales porque entonces votarían por quien ellos quisieran y el gobierno se quedaría sin base electoral. En fin, ciudadano, solácese haciendo usted mismo su propia lista de las verdades que desearía escuchar si decir la verdad fuera cultural y políticamente correcto.

Mientras tanto no necesitamos de la imaginación sino de los sentidos para percibir que la inflación real es superior al vente por ciento anual, que no podemos salir a la calle sin temor  y que los barrabravas de las Hinchadas  Unidas Argentinas llegaron a Sudáfrica con apoyo oficial y tienen el privilegio de ver en vivo a nuestra selección y “representarnos” o más bien “avergonzarnos” ante la mirada asombrada de la comunidad internacional.

Hagamos votos para que cada uno en su ámbito, sea este académico, jurídico, laboral, familiar y hasta político, sostenga la cultura de la verdad para dejar así aislado al gobierno y a sus funcionarios en la oprobiosa red de mentiras con que, en forma sistemática, pretenden engañar cotidianamente a todo un pueblo.

Un abrazo para todos y que nuestra selección de fútbol siga ganando con buenos recursos deportivos y juego limpio.

Juan Carlos Neves, Presidente de Nueva Unión Ciudadana.