Queridos amigos:

El Senado de la nación ha sumado a sus tareas específicas un nuevo e inesperado rol: convertirse en una usina de héroes  y villanos que son señalados y luego encumbrados  o vilipendiados por los medios de comunicación y los sectores políticos, según sus propias posturas ideológicas. Así el vicepresidente Julio Cobos es para muchos el heroico defensor de los derechos del campo ante el atropello que significaba la Resolución 125 y la Senadora Bortolozzi la heroína que puso en juego su futuro político y su seguridad personal para permitir que el Senado volviera a funcionar. Enfrente de ellos, el Senador Carlos Menem es el villano que brinda su apoyo al gobierno a cambio de impunidad judicial y la Senadora Roxana Latorre es la legisladora que afectó la voluntad presidencial de Carlos Reuteman con su reiterado apoyo a las posiciones oficialistas. Para el oficialismo estos roles se intercambian y el vicepresidente pasa a ser el más atacado y repudiado opositor, ya que los héroes de uno de los campos en pugna son vistos como los traidores del oponente y viceversa.

A fuer de ser objetivos debemos reconocer que es natural que en el senado haya una ineludible confrontación de lealtades. Esto es así porque los integrantes de esta Cámara son elegidos a razón de tres por cada provincia pero son postulados por intermedio de los partidos políticos. Cuando los intereses de la provincia de la que es oriundo el senador colisionan con los del partido que lo postuló, situación frecuente si ese partido ocupa el poder ejecutivo, la lealtad partidaria y la provincial entran en conflicto. Sería ideal que los senadores fueran ciudadanos notables de cada provincia que  no tuvieran lazos partidarios y que pudieran atender exclusivamente el interés de su lugar de origen. Pero actualmente no es así y en los casos vinculados al reparto de impuestos entre el ejecutivo y las provincias o entre el ejecutivo y sectores productivos provinciales como el agricologanadero la pregunta acerca de a quién se debe lealtad primaria permanece vigente.

 En nuestra opinión, la lealtad del legislador es prioritaria para con aquellos que lo votaron, a los que está atado por el contrato que representa el programa o plataforma presentada a los electores. Este tema lo hemos tratado en detalle en un ensayo titulado “La Logopolítica”  y constituye un tema muy vigente en este momento. La  visión que postulamos enfatiza la importancia de que las elecciones sean el ámbito de discusión de proyectos  y programas diferenciables que permitan al elector ejercer una verdadera opción. Luego el legislador deberá ser fiel a ese proyecto y si su partido se aparta de él tendrá la libertad y la obligación de votar según su compromiso primario con el elector.

En el momento actual, la realidad muestra que el poder ejecutivo emplea todo tipo de artimañas, argucias, presiones y descalificaciones para impedir que los legisladores puedan traducir en leyes los programas que la ciudadanía  apoyó mayoritariamente en las elecciones de junio del 2008 y por ello su actitud afecta seriamente el funcionamiento institucional y en modo alguno puede reclamar lealtad para esa política obstruccionista y antidemocrática. La persistencia de esa actitud, a la que se suman los intentos de neutralizar a los organismos de control  sean ellos los que dependen del Congreso, las organizaciones no gubernamentales a las que se priva de información o los medios de comunicación a los que se agrede desde la mismísima cabeza del ejecutivo, es la principal causa de la pérdida de consenso y legitimidad del oficialismo.

Debemos sumar a esto la mentira sistemática al describir la realidad nacional que en el caso del avance de  la inflación, ya fuera de los cauces de control pero negada por  lo  índices oficiales, es un verdadero azote a los sectores de menores ingresos que torna fugaces las “recomposiciones salariales” y los planes de ayuda. Seguimos sin anotar un solo proyecto gubernamental que apunte al drama de la inseguridad mientras contemplamos azorados que la mayor acción pública del Ministro de Justicia está dedicada al ataque al vicepresidente o a la oposición cuando se opone a las políticas oficiales.

Al país que describe el gobierno no se lo puede calificar de virtual sino más bien de fantasioso. Un reino de la fantasía en que las cosas están cada día mejor y cabe ocuparse de temas que  la mayor parte de la población no computa en sus prioridades. Qué otra cosa se puede decir del proyecto de ley y la polémica armada alrededor del tema del matrimonio homosexual que ya involucró a jueces, a la única gobernadora y al único Jefe de Gobierno del país. Recordamos que en su momento el Presidente de la bancada del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, mencionó este tema en primer lugar cuando se le preguntaron acerca de los proyectos del oficialismo para este año. Más allá de nuestra opinión, que es la de preservar la institución el matrimonio para la unión de un hombre y una mujer, conforme sostiene sabiamente nuestro Código Civil y de nuestra frontal oposición a que una pareja homosexual pueda adoptar un niño, consideramos que sólo el intento de una maniobra distractiva y divisionista puede hacer que un Congreso semiparalizado por la acción del oficialismo, en un país amenazado por gravísimos problemas, se aboque a una discusión de la naturaleza que se propone.

Tener al pueblo discutiendo acerca de los derechos de los homosexuales o de las violaciones a los derechos humanos sucedidas hace treinta años  es una buena forma de que la gente se olvide de hablar de la pobreza, la inseguridad, la inflación o los abusos del oficialismo de hoy. Pero los ciudadanos no son tan manipulables y cada día, en la tribuna cotidiana del barrio o el pueblo chico, resuenan las voces de la insatisfacción y la protesta espontánea que afortunadamente  no se dejan distraer.

Un abrazo para todos,

Juan Carlos Neves, Presidente de Nueva Unión Ciudadana