Queridos amigos:

Un estudio comparativo de las “ideas fuerza” o”reglas de oro” que abarcó a las más variadas culturas dio por resultado que el concepto más difundido es: “No hagas a los demás lo que no deseas que te hagan a ti”. Esta sencilla máxima fundamenta uno de los principios de las relaciones internacionales como es el de la “reciprocidad” y tiene aplicación en las relaciones humanas a todo nivel. En sentido positivo, el buen trato, la consideración y el respeto, dan base a un círculo virtuoso de entendimiento y convivencia mientras que por el contrario, la agresividad, la intolerancia  y el desprecio hacia el otro son el origen de escaladas de maltrato y violencia.

Esta segunda situación es la que se vive hoy en la Argentina ante los embates de un poder ejecutivo que parece no tener límites en su afán de imponer su voluntad por decreto  y de un conjunto de opositores dispuestos a no entregar resignadamente los últimos diques de contención que posee la república.

La actitud de la señora presidente al reemplazar el decreto a través del cual pretendía hacerse de las reservas del Banco Central, que ya estaba frenado por la justicia, por un nuevo decreto de similar efecto y proceder a su ejecución inmediata con la deliberada intención de bloquear la posibilidad de su tratamiento por el Congreso o su evaluación por la justicia, es de tal gravedad institucional que puede calificarse como el inicio de una verdadera crisis. Fueron factores agravantes el haberlo anunciado en la sesión de apertura del Congreso, haberlo hecho publicar en una edición especial del Boletín y haber transferido los fondos de inmediato, comprometiendo a la presidente del Banco Central cuya situación se torna insalvable. Poco se ha mencionado que el hecho de que el Decreto pretende hacer pagos programados con reservas a lo largo del año elimina la condición de urgencia que justificaría su emisión en pleno funcionamiento del Congreso.

La teoría de crisis indica que luego que una de las partes rompe el “status quo” con una acción que significa un desafío, la otra parte puede aceptar esa nueva situación o reaccionar provocando una escalada de la crisis. Esta última opción se produjo a través de una nueva presentación de distintos grupos de la oposición ante la justicia, la amenaza de anular el decreto en el Congreso y el rechazo del acuerdo para la aprobación del pliego de la presidente del Banco Central.

Finalmente, en el siguiente paso de la escalada el gobierno por boca de la primera magistrada llevó la situación  a la máxima tensión al anunciar que está dispuesta a desconocer los fallos de la justicia y las decisiones del Congreso. Estos exabruptos parecen ignorar que las atribuciones presidenciales no emanan del derecho divino ni del poder intrínseco de la funcionaria sino de  un sistema amparado en la Constitución y en un conjunto de leyes que reglamentan su ejercicio. Si la presidenta no respeta ese cuerpo legal, su investidura  no sólo pierde su legitimidad sino que pierde la base legal de su sustento.

Ahora bien ¿Cómo se cierran los procesos de crisis? En algún momento de la disputa, las partes recapacitan y establecen un acuerdo que fija un nuevo status quo, aceptable para todos. Esta salida está en manos exclusivamente del gobierno porque es quien rompió el principio de la “regla de oro”, quien desencadenó la crisis con su desafío y quien tiene la llave para una negociación. Dado que los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores del oficialismo carecen de opinión propia y capacidad de decisión todo el peso de la solución de la crisis recae exclusivamente en la presidente y será ella quien sufrirá las consecuencias y tendrá la responsabilidad mayor si se terminan de perder las bases de la racionalidad.

Pero si no hay acuerdo alguno, las crisis terminan por llegar a una situación de ruptura. Esa situación estaría configurada por el desconocimiento de los fallos judiciales o de las decisiones del Congreso por parte del gobierno nacional. Como antecedente tenemos el caso del incumplimiento del gobernador de Santa Cruz del fallo de la Suprema Corte que ordenó reponer en su cargo a un funcionario judicial de la Provincia. Cabe preguntarse que sucedería si en el marco de la actual crisis  la justicia ordenara la detención de un funcionario por incumplir sus fallos. Quien debería ejecutar la orden es la policía federal que responde a las directivas del Jefe de Gabinete. Si así no lo hiciere estaríamos en el ámbito de la ley de la selva adonde las disputas se resuelven mediante el uso de la fuerza. ¿Cuál sería entones el escenario?. ¿Piqueteros oficialistas contra piqueteros opositores; gremialistas pro gubernamentales contra gremialistas destituyentes; máquinas viales de las intendencias del conurbano chocando con los tractores de los ruralistas?. Sólo imaginarse esto ¿no es un auténtico dislate?. Es simplemente inadmisible que las autoridades que tienen los más altos cargos  y las mayores responsabilidades siquiera sugieran que son capaces de ignorar deliberadamente la Ley o los dictámenes judiciales o las decisiones del Congreso. No hay excusa posible ni amparo en la necesidad de “pagar la deuda” o “hacer crecer al país” para romper con los valores constitucionales.

El gobierno se ha puesto al borde de la ilegalidad y el remedio constitucional para esa situación es el juicio político. Está en sus manos y sólo en sus manos volver a la normalidad para lo cual sólo necesita recobrar la cordura y obrar con sensatez. En el año del Bicentenario de la Revolución de Mayo la patria mira a sus protagonistas y seguramente espera algo más que agravios y desafíos de quienes tienen la responsabilidad de conducir a la nación..

Un abrazo para todos y una despedida plena de preocupación.

Juan Carlos Neves, Presidente de Nueva Unión Ciudadana