Queridos amigos:

“Mi país no descarta ninguna alternativa cuando se trata de defender sus intereses nacionales”. Esta aseveración fue expresada recientemente por un funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos cuando un periodista le preguntó si su nación podría llegar al uso de la fuerza para la resolución de un conflicto. Fue una respuesta digna de un diplomático. No fue amenazante ni agresiva pero dejó abiertas todas las opciones para su manejo de la crisis y dejó todas las incertidumbres del lado de su oponente.

Los diplomáticos argentinos en cambio se han “irritado” ante los comentarios surgidos en Gran Bretaña de que la crisis generada por la decisión unilateral de esa nación de enviar una plataforma para explorar la existencia del petróleo en las aguas de las Islas Malvinas podría tener una respuesta militar por parte de nuestro país. La actitud del gobierno argentino quita a Gran Bretaña una seria preocupación, debilita la posición de los que desaconsejan el accionar en aguas jurisdiccionales argentinas sin un previo acuerdo por los riesgos que entraña y evita el enorme gasto que significaría desplazar fuerzas militares británicas hacia el archipiélago lo que sería, sin duda, un fuerte disuasivo a los movimientos que persiguen fines económicos.

Este inoportuno “rasgado de vestiduras” argentino que tanto debilita nuestra posición al limitar las alternativas de manejo de crisis obedece a cuestiones ideológicas que el gobierno antepone a los auténticos intereses nacionales.   No quiere reconocer su grueso error al sostener durante mucho tiempo que Argentina no tenía “hipótesis de conflicto” cuando el conflicto de Malvinas era una realidad evidente. Quiere diferenciar su actitud “pacifista” de la acción de las fuerzas armadas en 1982 cuando reaccionaron militarmente a la provocación británica. Desea por último disimular la debilidad que ha generado privar a las fuerzas armadas de capacidad de proyección del poder militar al decidir mantener únicamente capacidades defensivas que no son aptas para generar una adecuada disuasión. Estos errores políticos se hacen evidentes al producirse una crisis y aleccionan acerca del costo de haber antepuesto rencores, revanchismos y “pases de facturas” derivados de la política interna al apoyo necesario a las instituciones que sostienen, con su poder, el accionar diplomático de la nación en el ámbito internacional.

Para diferenciarnos de esas actitudes mezquinas, desde Nueva Unión Ciudadana apoyamos firmemente las medidas del gobierno para reclamar contra la actitud británica  aunque sea un gobierno al que no apreciamos. Consideramos apropiado el decreto que controla el acceso a las islas a través de aguas jurisdiccionales argentinas, apoyamos los reclamos ante el Secretario de las Naciones Unidas y coincidimos con que la señora presidente busque en el ámbito del grupo Río el apoyo de las naciones americanas a nuestro justo reclamo. Si estas primeras medidas no son atendidas deberán seguir otras más fuertes como la revisión de los acuerdos de Madrid, la desaparición del “paraguas de soberanía” que  permite mantener relaciones normales con Gran Bretaña  a pesar del conflicto generado por la negativa de ese país en discutir el tema de la soberanía de las islas Malvinas conforme a los dispuesto por las Naciones Unidas,  medidas de represalia sobre las empresas británicas y eventualmente la ruptura de relaciones. Sin dejar de afirmar que “contemplaremos todas las alternativas para defender nuestra soberanía”, sin descartar ninguna, como corresponde a cualquier país digno.

Para los que piensan que Malvinas es un tema menor, imitando a los que aún en el siglo pasado dudaban de la necesidad de defender nuestra soberanía en la Patagonia, vale recordarles que a la posición estratégica del archipiélago y las riquezas ictícolas de su plataforma submarina se suma ahora la posibilidad de que sea uno de los reservorios de petróleo más importantes del mundo con todo lo que ello implica. Y sobre todo, que al defender nuestra soberanía en las islas, estamos mostrando nuestra condición de nación dispuesta a defender sus  derechos, su historia y su dignidad.

Si en el ámbito externo la crisis de Malvinas pone en cuestión el manejo político gubernamental, en el interno los vientos no soplan calmos. En la última semana de febrero se vivirá la antesala de la reapertura del Congreso en el que comenzarán a debatirse y cuestionarse las distorsiones políticas producidas por la concentración de poder  del ejecutivo y sus avances sobre la justicia, las reservas y el federalismo.

Pero la disputa no será solo en el Congreso. Para decirlo en términos sencillos “la calle está que arde” como resultado de un avance inusitado de los precios de los alimentos que el gobierno no refleja en sus índices inflacionarios pero que los ciudadanos sufren sin atenuantes. Esto se suma a las inundaciones urbanas, los cortes de calles y los asaltos con violencia y mutilaciones que la delincuencia desatada ejecuta con absoluta impunidad.

A esta altura es lícito preguntarse cual de las variables descarrilará primero, entre la política, la económica y la social. Pero no nos confundamos. Ninguna de estas cuestiones, que son el producto de groseros errores en las políticas coyunturales de un  gobierno a todas luces incompetente, debe hacernos olvidar de los verdaderos intereses nacionales que son los que se juegan en la defensa de los territorios soberanos y sus riquezas naturales que constituyen el compromiso para que las generaciones de nuestros hijos y nuestros nietos tengan las oportunidades que esta generación está dilapidando de la mano de la incompetencia política y la mezquindad ideológica.

Un abrazo para todos.