Queridos amigos:

Hace alrededor de 14 años vino a la Argentina un prestigioso analista extranjero con quien me unía una relación de amistad, invitado a brindar algunas conferencias. En un momento distendido le pregunté cual era su apreciación real acerca de la marcha de la economía de nuestro país porque me sorprendía el optimismo que expresaba en público. Recuerdo que me dijo, palabras más o menos, “cuando privatizaron las empresas públicas, ejecutaron el equivalente a vender los activos. Luego se endeudaron para mantener la convertibilidad y ahora comprometen reservas. Si siguen gastando más de lo que recaudan el paso siguiente es la quiebra”. Recordé mucho aquellas palabras cuando se produjo el “default” del 2001. Las expresiones  públicas de beneplácito respondían a que la política económica que se seguía entonces favorecía los intereses… del país de origen del analista pero en el fondo él sabía que lo  nuestro no era sustentable y de hecho estalló.

El Presidente del Banco Central es un hombre que ha servido fielmente a su cargo y al Gobierno por muchos años pero lo que le pedían era demasiado. Él sabe como cualquier economista que las reservas son la última línea de defensa antes de la quiebra y el derrumbe y que sin una ley del Congreso que avale su utilización tendrá ineludiblemente que rendir cuentas a la justicia si permite su utilización. Por eso pidió tiempo para analizar el problema  y de inmediato se le pidió la renuncia y ante su lícita negativa se lo  removió por decreto. El nivel de abuso que representan estas acciones es enorme y de hecho caen en la ilegalidad. Pasan por encima de leyes en vigencia como la que promulga la Carta Orgánica del Banco Central. A partir de allí todo sigue a velocidad de torbellino. El Presidente del Banco Central apela; la justicia le  concede un amparo que lo repone en su cargo y frena la utilización de reservas; el gobierno apura a la justicia de todas formas para acelerar las apelaciones y todo se desborda y se aleja de los cauces institucionales que pasan sin duda por el Congreso de donde nunca debieron haber salido.

A esta altura de la grave crisis institucional provocada por el Gobierno es indudable que tenemos un conflicto de poderes que involucra al ejecutivo, el legislativo y el judicial, con final abierto, y cualquiera sea su desenlace las instituciones de la nación han sufrido un enorme daño que se agrava cada día y con cada nueva acción. Pero lo que más me sorprendió, en lo personal,  fue la coincidencia en una misma frase que escuché en boca de personas tan dispares como un versado analista político, un experimentado gremialista, un tranquilo carpintero y un vendedor de diarios, “los Kirchner nos van a dejar tierra arrasada”. Tremenda definición. Pareciera que está en el inconsciente colectivo de la sociedad que esta pareja política, ante su ineludible ocaso, antes de irse destruiría todo a su paso con el oscuro propósito que sus sucesores deban enfrentar una situación caótica que les impida recuperar los daños con que habrán arrasado al país. Deudas impagables, compromisos sociales incumplibles, subsidios insostenibles, instituciones destruidas como el INDEC, organismos de control inexistentes y una Constitución manoseada y vulnerada hasta hacer dudar de su vigencia.

Néstor Kirchner y Cristina Fernández saben que los argentinos, sean políticos, militares o ciudadanos sin compromisos, están dispuestos a soportar cualquier situación con tal de no alterar el orden constitucional tan preciado y duramente logrado. Y abusan descaradamente de esa actitud de respeto institucional provocando a la oposición y desafiando todos los límites, listos a victimizarse  y a utilizar como herramienta el riesgo de los conflictos que el gobierno mismo provoca.

Ante tamaña situación la obligación de las fuerzas políticas  y la justicia será de aquí en más impedir por todos los caminos legales que el proceso de destrucción, endeudamiento y liquidación de reservas en curso se pueda llevar a cabo sin dejarse impresionar por las vociferantes expresiones del ejecutivo,  su Jefe de Gabinete  y sus   ministros ya devenidos en cómplices al avalar con sus firmas los decretos ilegales. Se requiere valor cívico de los jueces y una acción decidida de las oposiciones en el Congreso. Es fundamental que también se expresen los ciudadanos por los caminos legales de que disponen. Como partido político hemos fijado nuestra posición en un comunicado en que rechazamos el uso de reservas dispuesto por Decreto de Necesidad y Urgencia, la remoción sin participación del Congreso del Presidente del Banco Central y exhortamos al Gobierno a que acate los fallos judiciales y respete a los otros poderes e instituciones de la nación. Advertimos también que la persistencia en actitudes que vulneran las normas constitucionales y legales ponen a la señora presidente y sus ministros en situación de enfrentar una acusación de la Cámara de Diputados ante el Senado y luego afrontar un juicio público conforme lo dispone la Constitución Nacional.

Debemos sumar esfuerzos para evitar que la Argentina quede reducida a tierra arrasada y para que los dos años que le quedan a este gobierno transcurran dentro  de la normalidad legal que el país necesita y que está siendo sistemáticamente atacada ante los ojos azorados de la ciudadanía.

Un abrazo para todos y durmamos con un ojo abierto.