INFORME DEL 20 DE DICIEMBRE
EL SINDROME DE FIN DE CICLO
(Síndrome: conjunto de fenómenos que caracterizan una situación determinada; según el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española)
Queridos amigos:
Esta semana se produjeron un conjunto de hechos que analizados por separado tienden a confundir al observador pero que coherentemente articulados muestran las características propias de un fin de ciclo político. El primero fue la decisión presidencial, enunciada por decreto, de apelar a las reservas para pagar los vencimientos de deuda del año 2010. Más allá de los cuestionamientos legales al uso de esos fondos existentes en el Banco Central que se supone es una entidad autónoma y de la pertinencia de aplicarlos para lo que no corresponde, el compromiso de las reservas tiene un fuerte contenido simbólico. La reserva es por definición aquello a lo que se apela cuando todos los medios habituales y propios de una organización u organismo se han agotado. Después de las reservas queda nada para gastar o consumir y eso es sin duda lo que nos está pasando.
Otro síntoma propio del ocaso de los ciclos políticos es la irrefrenable tendencia a victimizarse, a partir de hechos reales o ficticios, a los que se da una significación desmesurada y confabulatoria para pretender lograr la solidaridad popular, acallar las voces críticas o justificar medidas de excepción. El Gobierno Nacional hizo una singular interpretación de un supuesto mensaje emitido en una frecuencia de aviación en que se habla de “matar a la yegua” y “matar al pescado” para vincularlo directamente a una amenaza a la señora presidente que nunca fue nombrada en la emisión, según las propias fuentes oficiales. La insólita vinculación corrió por cuenta del Jefe de Gabinete quien incluso mencionó el comienzo de juicios a militares para completar el dramático cuadro. Suponiendo que tal mensaje existió, el sentido común llevaría a tratar la situación con gran reserva y discreción hasta completar una exhaustiva investigación de modo de no crear una innecesaria alarma en la población sin pruebas concluyentes. Excepto, claro está, con que se haya especulado justamente con crear esa sensación de vaga amenaza con fines espurios.
Más grotesca aun fue la denuncia del Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que pretendió defenderse de las acusaciones de incompetencia denunciando ante un juez que personal policial habría contratado a menores para asesinar maestras para perjudicar la imagen del gobierno provincial. Lo notable es que quien formula la denuncia dispone de todos los medios del mayor estado provincial para investigar e indagar. Que la policía tiene una estructura de asuntos internos para controlar a sus propios agentes y que si por acaso el funcionario necesitare de una orden judicial para realizar escuchas u allanamientos el criterio más elemental aconsejaría llevar a cabo la investigación en la forma más reservada posible para no alertar a los feroces contratistas de criminales. Por todo ello surge vigorosamente la presunción de que la citada denuncia fue un mero recurso político propio de quien ya ha agotado su capacidad de actuar y sólo le queda buscar la denuncia sensacionalista. En realidad, el gobierno de la provincia de Buenos Aires no necesita de la acción de policías perversos para afectar su imagen ya que los crímenes cotidianos y los años de incompetencia en materia de inseguridad han agotado la paciencia de los bonaerenses y merecido el repudio de la comunidad que quiere “hechos y no palabras”. A los policías corruptos, si los hay, que los descubran, los encierren y que después nos cuenten lo actuado y no al revés.
El último fenómeno del síndrome, propio de los gobiernos que han perdido el rumbo, es acusar a los medios de comunicación de magnificar sus fracasos y ocultar sus éxitos y a los otros poderes de obstruir su gestión. Con respecto a los medios la guerra ya fue declarada hace mucho tiempo y rubricada con una Ley específica para maniatarlos. El ataque a los jueces es una novedad que ha irrumpido con fuerza a partir de que han comenzado los fallos adversos a los intereses y opiniones del ejecutivo. De la palabra se pasó a la acción y se llegó al extremo de impedir la ejecución de una sentencia judicial en la sede de un gremio. En el Congreso, los intentos de impedir que la oposición ejerza cabalmente las responsabilidades que le confirió la ciudadanía en las últimas elecciones son ostensibles, empleando todos los artilugios legales y en muchos casos pasando por encima de los procedimientos propios de las Cámaras.
Ahora bien, vistos en su conjunto todos estos hechos no dejan lugar a dudas que corresponden a un gobierno que se siente fracasado y en retirada. Son fenómenos propios de un fin de ciclo pero se producen cuando apenas se está cronológicamente en la mitad del período presidencial. La pregunta es: ¿cómo se resuelve esta contradicción?. La única respuesta posible es que el gobierno debe producir un cambio integral en su forma de conducirse, aceptar los fallos de la justicia, entender que ya no dispone de mayoría absoluta en las Cámaras, valorar las críticas y encarar los temas reales como el de la inseguridad con soluciones reales y no con golpes de efecto. También debe solucionar los temas de inseguridad jurídica tales como la deuda impaga con los tenedores de bonos, reiniciar una relación normal con las organizaciones internacionales de crédito y disminuir el gasto público, para disponer de medios de pago que eviten seguir perdiendo reservas. Estas acciones elementales son urgentes porque el ritmo de los conflictos y arbitrariedades se acelera y aún faltan dos años para las elecciones. No podemos poner las expectativas en tan lejano futuro sino que necesitamos soluciones y convivencia democrática para el inmediato presente.
Un abrazo para todos y que el espíritu de la Navidad nos ilumine para que podamos vivir en paz y armonía en nuestro querido y bendito país.
Juan Carlos Neves, Presidente de Nueva Unión Ciudadana


