Todos los que de alguna manera contribuimos con nuestras declaraciones, con nuestros comunicados, con nuestra presencia física en los actos y con nuestro sincero apoyo a la gente del campo, nos sentimos parte de la gesta a través de la cual los productores agropecuarios, al defender firmemente sus derechos, nos defendieron a todos de la fuerza atropelladora de un Gobierno que pretendía imponer dominio y poder en una situación en que los verbos a conjugar eran consensuar y respetar.
Acalladas las pasiones y luego que el Senado se negó a convalidar la vergonzosa Resolución 125, se abre la posibilidad de que la crisis se supere. Pero para que esta posibilidad se concrete hacen falta algunas decisiones ineludibles.
En primer lugar, el Gobierno no puede demorar la derogación de la Resolución 125, luego de que el Senado se negara a convalidarla y que todas las opiniones técnicas versadas coincidan en su incongruencia constitucional y su dañino efecto sobre la producción agropecuaria. No hacerlo sería una burla a las instituciones y a los ciudadanos, de consecuencias graves para la república.
La nueva norma que se elabore debe contemplar muy seriamente la opinión de los dirigentes de las entidades agropecuarias que han dado sobradas muestras de su sensatez, su representatividad y su conocimiento de las necesidades y las posibilidades de desarrollo de su sector.
Las voces ajenas al Gobierno, tales como las del Presidente del partido Justicialista y las cabezas de las fuerzas de choque callejeras, deben ser mantenidas apartadas de la negociación porque han demostrado ser factores de discordia, promotoras de violencia y obstáculos para el desenvolvimiento del diálogo. Son realmente personajes que nadie votó y que han estado detrás de una inusitada e innecesaria prolongación del conflicto.
Finalmente, el ejecutivo debe asumir su rol con las atribuciones constitucionales que este poder del Estado tiene asignadas, sin pretender pasar por encima del resto de la sociedad y sin delegar en un desorbitado ex presidente el manejo de los conflictos sociales para evitar que se conviertan en graves crisis nacionales lo que sólo deben ser negociaciones sectoriales.
Si así no lo hiciere aun corremos el serio riesgo de que se pierda la ventana de oportunidad que abrió el Senado y que el conflicto recomience con más fuerza aun.