ZUGZWANG

Queridos amigos:

El Zugzwang es  un término del ámbito de la teoría de los juegos que se emplea en el ajedrez para representar la situación de un jugador que se encuentra en una posición en la que está obligado a mover pero todas sus  opciones son malas, en el sentido de que todas le generarán alguna pérdida de piezas  o de posición. A esa posición negativa se llega como consecuencia de los errores acumulados en la partida y si se desea continuar en el juego solo queda optar por el mal menor y aceptar el empeoramiento de la situación.

La situación de Zugzwang fue la que enfrentó el gobierno en el área energética como consecuencia de la sucesión de errores, malas políticas  y pésimas decisiones, adoptadas desde que Néstor Kirchner asumió su presidencia con autoabastecimiento energético y saldo favorable en la balanza exportadora de combustible hasta el momento actual, en que su esposa y sucesora enfrentó una verdadera crisis en el sector. La señora presidente llegó a una situación en que debía optar entre continuar  aumentando  los fondos destinados a la importación de combustibles hasta un nivel que amenazaría el equilibrio de la balanza comercial o modificar su política de otorgar bajas retribuciones e incentivos a los productores y simultáneamente subsidiar al consumo.  Enfrentado a esta opción, el gobierno decidió dar un puntapié a la mesa  y hacer  lo que familiarmente se denomina “patear el tablero“,  o sea, vulnerar las reglas de juego y terminar con la partida en los términos establecidos.

Para ello, el lunes 16 de abril, la presidente dispuso la intervención de YPF, la mayor empresa petrolera  del país, que había sido privatizada por un gobierno de su mismo partido y con el explícito apoyo de ella  y de su marido, y la ocupó expulsando a los directivos de su lugar de trabajo y designando como interventores al ministro Julio de Vido, a cuyo cargo está la desastrosa área energética  y del Viceministro de Economía, Axel Kicillof.  Esta acción, a todas luces ilegal por no estar avalada por decisión judicial ni basada en fundamentos jurídicos,  fue completada con el envío al Congreso de un proyecto de Ley en que se dispone la expropiación de una masa del 51 por ciento  de las acciones de YPF lo que le permite tomar el control real de la empresa. A pesar de que el proyecto se fundamenta en la recuperación del autoabastecimiento y la soberanía energética, la expropiación se concentra en una sola empresa del sector y específicamente en las acciones pertenecientes a la empresa REPSOL, lo que torna la medida discriminatoria y afecta directamente a los intereses de esa empresa y del gobierno español, cuya reacción fue obvia e inmediata. Por otra parte, el artículo 17 de nuestra Constitución en la parte que trata de la inviolabilidad de la propiedad establece con meridiana claridad que “La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”.

Es decir que las medidas tomadas (independientemente de la innegable conveniencia de que el Estado tenga el control de una  empresa petrolera de primera línea para regular el mercado y la política energética) son ilegales, discriminatorias y anticonstitucionales. Por ello, el proyecto de ley debería ser devuelto por el Congreso al Ejecutivo, instándole a que fije  un precio a las acciones expropiadas conforme establece nuestra Constitución y le de la oportunidad a REPSOL  de evaluar la oferta antes de llegar a  instancias de juicio y ruptura. Esta recomendación es en defensa de los más altos intereses de la Nación, que nunca pueden pasar por ponerla al margen de la legalidad y  de las normas y tratados internacionales que nuestra misma nación ha firmado, en función de sus propios beneficios y del buen funcionamiento de la economía global.

La discusión que se dio en el Congreso, en un plenario de comisiones del Senado que afortunadamente fue televisado, resultó muy esclarecedora para quienes tuvimos la oportunidad de verla y escucharla. El peso de la presentación y la defensa   de la posición del gobierno fueron asumidos por el Viceministro Kicillof,  con argumentos  muchas veces pueriles  y reiteradamente contradictorios, cosa que no sorprende ya que es imposible construir un relato hilvanado de una historia plagada de  incoherencias y justificar una decisión abrupta e intrínsecamente ilegal.  El Viceministro no justificó la expropiación en el vaciamiento de la empresa que había mencionado el día anterior  la señora presidente (vaciamiento que incrimina  a sus funcionarios que tenían la obligación y los instrumentos para controlarlo y no lo hicieron) sino en el hecho de que la empresa  no se había alineado con el modelo de crecimiento perseguido por el gobierno y que había permitido crecer a un promedio de más del 7 por ciento anual durante nueve años. Esto no explica por qué el gobierno promovió la incorporación del  grupo argentino Eskenazi en el año 2008 que obtuvo el 25 por ciento de las acciones sin aportar capital, ya que el préstamo obtenido para la compra sería pagado con dividendos. Tampoco aclara por qué a ese grupo no se le expropiaron acciones a pesar de que desde su incorporación fue responsable de la gestión de la empresa ni la razón de que luego de tantos años se tomara la decisión en este momento en forma abrupta, sin intento de negociación y con un procedimiento totalmente hostil. Pero lo más grave, es la amenaza subyacente de que toda empresa  que por su estrategia empresarial no coincida con los objetivos del gobierno sería pasible de un trato similar al de YPF, porque esto termina de consolidar el imperio de la inseguridad jurídica en todo el ámbito empresarial de la Argentina con sus enormes consecuencias negativas para la economía nacional.

En la misma sesión del Congreso tuvimos oportunidad de escuchar los argumentos de la oposición. Es interesante destacar que hubo intervenciones muy prolongadas  y duras de senadores de la Unión Cívica Radical, que mencionaron mucho de lo aquí escrito con  sólidos fundamentos  y datos detallados. Lo curioso es que después de tales exposiciones votaron a favor del proyecto en general, desconcertando a cualquier observador objetivo ya que las razones aducidas fueron tan poco consistentes que hacen pensar que se basaron en mera especulación. Estos legisladores radicales, junto a sus pares del Frente Amplio Progresista de origen socialista, serán corresponsables  ante la historia, junto con el gobierno actual, de avalar  un procedimiento ilegal para apropiarse de lo que una vez decidimos equivocadamente vender y hoy queremos recuperar sin pagar el  debido costo.

El tema de las responsabilidades comienza a ocupar un lugar significativo en la agenda nacional a pesar de la escasa propensión de los jueces a abocarse seriamente a los casos cuando se trata de funcionarios públicos. En el caso de la tragedia ferroviaria del Once el juez decidió indagar al Secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, al ex Secretario Ricardo Jaime y a otros funcionarios por no haber controlado el destino de los subsidios entregados a los concesionarios de la empresa TBA. El delito imputable es malversación de fondos públicos, que en este caso no puede ser soslayado porque contribuyó a “crear el  contexto” (concepto del fiscal de la causa)  que terminó en un accidente con 51 víctimas fatales y cientos de heridos. Las acusaciones incluyen por supuesto a los empresarios que habrían desviado subsidios y  a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte que debía controlarlos. Este concepto de asignar responsabilidades por falta de control, aun cuando no derive en espantosos accidentes debería ser aplicado al caso de YPF, que tenía  en su directorio un  representante del Estado que aprobó todos los balances y al  Secretario de Energía y al Ministro de Panificación Federal que tenían todos los instrumentos para controlar las múltiples acusaciones que hoy se le formulan a la empresa. Por eso es paradójico que ese mismo Ministro sea designado interventor de la empresa que ni siquiera supo controlar, para dar solución desde allí a los problemas energéticos que se crearon durante su gestión y a pesar de su cerrada negativa siquiera a aceptar que tales problemas existían y crecían año atrás año.

Las mentiras y las negaciones terminan siempre chocando con la realidad aunque ese momento se demore bajo una maraña de nuevas mentiras y un absurdo reparto de acusaciones. Valga como ejemplo el bloqueo de puertos provocado esta semana por la pérdida de puestos de trabajo que generan las trabas a las importaciones  que se imponen desde la Secretaría de Comercio  y desde la Aduana. Estas trabas son denunciadas por diversos países en el mundo y por numerosas empresas, afectan entre otras cosas a la provisión de medicamentos y repuestos, a pesar de lo cual son sistemáticamente negadas hasta que hechos como el bloqueo de puertos la hacen estallar ante el rostro de los negadores.

Más grave que las sanciones comerciales, financieras y diplomáticas, que puedan acarrear acciones como la expropiación ilegal de YPF o las trabas a las importaciones hechas al margen de la normativa internacional, está el descrédito y la falta de confianza que recaen sobre cada funcionario argentino, sobre cada empresa nacional y sobre cada ciudadano de nuestra querida patria en su contacto con el mundo. Lamentablemente, además del daño moral, la expropiación de YPF colocará al gobierno argentino ante una nueva situación de Zugzwang. Para mejorar la producción de la empresa hacen falta grandes capitales lo que exigirá que el gobierno acepte la participación extranjera, burlándose de las declaraciones de soberanía o que destine ingentes montos de reservas que ya tienen  serios compromisos o que cambie diametralmente la política de precios y subsidios con su  ineludible costo social.  En el ámbito externo tendrá que pagar el valor que fije  un tribunal internacional por las acciones expropiadas o romper definitivamente con las normas de la comunidad internacional y sufrir las consecuencias. Por eso, queremos dejar bien clara nuestra  posición desde el espacio político que hoy ocupa Nueva Unión Ciudadana y que estamos seguros que  expresa el punto de vista de un elevado número de ciudadanos que carece de representación, para que en el futuro podamos actuar en beneficio de los verdaderos intereses nacionales sin vernos inmersos en la triste situación del Zugzwang a la que llevan la irresponsabilidad de buscar el aplauso fácil, el populismo, la incompetencia y muchas veces los intereses creados.

Un abrazo para todos.

Juan Carlos Neves, Presidente de Nueva Unión Ciudadana

www.nuevaunionciudadana.org

                                                                        ESTAMOS RODEADOS

Queridos amigos:

Refugiados detrás de las rejas con que tratamos vanamente de proteger nuestros hogares,  alarmados por la violencia criminal, angustiados por el aumento incesante de los precios de los productos más necesarios y por la voracidad con  que se incrementan los impuestos, las tasas y los peajes, incrédulos por el espectáculo  de degradación institucional que se expone sin pudor ante nuestros ojos y hartos de que las actitudes de nuestros gobernantes nos enemisten con todos los países con que gozábamos de una fraterna relación, Nos, los ciudadanos de la amada nación Argentina, comenzamos a fatigarnos de esta insensata manera de vivir nuestra cotidianeidad y, en consecuencia, es hora que mostremos nuestra voluntad de expresarlo. No debemos  olvidar que el ciudadano es, por definición,  el habitante del Estado como sujeto de derechos políticos y  que interviene ejercitándolos en el gobierno de su país. No somos, por lo tanto, observadores pasivos que cerramos nuestra actuación con la emisión de un voto sino agentes activos de la sociedad que lamentablemente estamos en este momento, rodeados desde  todos los frentes, por un accionar a veces violento y otras veces persuasivo, pero siempre apuntado a que grupos pequeños y egoístas permanezcan disfrutando de los beneficios de un poder ejercido en su exclusivo beneficio y que lejos está de propender al bien común.

En una sola semana, se han generado múltiples hechos que justifican cada párrafo de lo expresado y que se suman a una situación que lleva ya años pero que ha comenzado a empeorar aceleradamente.

El espectáculo brindado por el señor vicepresidente, que respondió a las acusaciones por tráfico de influencias y lavado de dinero  acusando al juez, al procurador general de la nación y al presidente de la Bolsa de Comercio de integrar organizaciones mafiosas y destituyentes, fue muy fuerte y de una gravedad institucional inusitada. Esta semana, el señor Amado Boudou llevó sus  acusaciones a la justicia  y al Consejo de la Magistratura apoyado por  un fuerte respaldo gubernamental. El procurador general, lejos de defenderse, renunció aceleradamente a pesar de ser un hombre fuertemente ligado al oficialismo. El haber sido el redactor del decreto que en 1973, al inaugurarse el gobierno de Héctor Cámpora,  permitió la salida de las cárceles de los terroristas condenados por la justicia, en lo que constituye quizás uno de los hechos más vergonzantes  y con consecuencias más terribles en la historia de la justicia argentina, no fue impedimento para que el señor Esteban Righi fuera designado a cargo de los fiscales nacionales, ni para que el estudio que integraban sus familiares defendiera a importantes funcionarios entre los que se incluyen el presidente que  lo había designado. Sin embargo, todo eso fue insuficiente para protegerlo por no haber sabido, podido o deseado, frenar las acusaciones de corrupción contra el vicepresidente de la nación. El señor Boudou no tuvo empacho en confesar que hace más de dos años, desde el estudio ligado al procurador general, le habían pedido dinero para manejar situaciones procesales y que recién ahora (quizás al percibir que no gozaba de impunidad) había decidido formular la acusación que como funcionario público estaba obligado a efectuar. También se hizo evidente que había aceptado que un abogado recibiera consejos del juez mientras el mismo parecía querer ayudar a su causa pero que ahora, al ver complicada su situación por un allanamiento, llevaba el caso al Consejo de la Magistratura. De paso, también trató de sacarse de encima al fiscal que hasta ahora es la única figura que se muestra insobornable e intocable.

Detengámonos aquí. Apartemos la vista de cada árbol que nos limita el horizonte y tratemos de ver el bosque de corrupción, indecencia y suciedad que evidencia esta trama. Se trata de algunas de las máximas figuras del poder ejecutivo y judicial, enredadas en acusaciones mutuas que van desnudando el grado de deterioro que alcanza la justicia  y que solo se revela cuando por causas fortuitas, como fue la denuncia de la enojada esposa de un abogado que, según ella, era el testaferro del vicepresidente, llegan a la luz pública de la mano de un fiscal que no se dejó comprar ni impresionar. Ante esta situación es lícito preguntarse cuántos casos de corrupción fueron resueltos de espuria forma, cuán degradado está el sistema judicial y si no sería necesario que fueran investigados los sobreseimientos de todos los funcionarios que fueron defendidos por el estudio de abogados ligado al ex procurador general. Por último, y ya con un remate que parece una burla a la ciudadanía,  se propone como relevo del renunciante a un militante del partido del oficialismo, de probada relación con el señor vicepresidente y él mismo con acusaciones ante la justicia. Por favor, paremos de avergonzar a la nación. El señor vicepresidente debería seguir  el camino del señor procurador general y la oposición debería juntar sus escasas fuerzas para evitar que el señor Reposo ocupe  un cargo que no se corresponde con su perfil. Esto es lo que debemos pedir los ciudadanos, por el bien de nuestra castigada república.

En el frente social, la sensación de estar rodeados tiene incluso una mayor realidad física. Basta montarse en un vehículo y tratar de ingresar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para experimentar la sensación de caer en una trampa de cortes, sin salida ni escapatoria. Se cortan las calles por problemas gremiales, vecinales o políticos. A lo largo de más de ocho años el gobierno nacional permitió que se instalara el concepto de que la única forma de hacerse oír  y atender, era con cortes  y manifestaciones callejeras, a las que concedió no solo impunidad sino también licitud. Hoy le resulta imposible controlar tanto desorden y los que transitan por Buenos Aires sufren las consecuencias. Vale aclarar que los que quisieron cambiar la suerte  y trasladarse por medios públicos, se encontraron con paros de subterráneos, la huelga de los choferes de la línea 60 y el masivo destrato de los ferrocarriles nacionales.

En el conurbano no fue más tranquila la semana. Por insólito que parezca aun hay barrios sin electricidad desde la lejana tormenta de hace casi dos semanas, con vecinos que están  en estado de rebeldía cortando caminos y encendiendo fuegos. Por la misma razón, hay numerosas escuelas que no dictan clases y un reclamo generalizado para que todas aquellas autoridades provinciales, municipales y hasta nacionales, que se apretujan en los barrios cada vez que se trata  de anunciar alguna pequeña obra, hagan ahora acto de presencia para mostrar su compromiso y acercar las soluciones que  las empresas de servicios no consiguen coordinar.

A pesar de que cada vez es más difícil trasladarse, los peajes de todas las autopistas se incrementan sin cesar. En ocasiones, luego de pagar un peaje a todas luces desproporcionado se transitan unos pocos metros antes de caer en un intransitable  embudo de vehículos. El único espacio ampliado es el de las cabinas de cobro del peaje, luego de ellas aparece el caos y la trampa cotidiana. Los servicios son deficientes, pero los gobernadores e intendentes, sin embargo, demuestran una imaginación notable para aumentar impuestos y tasas. Lo escribo mientras contemplo el pequeño jardín de mi casa  y me pregunto qué maravillas que ignoro habrán sucedido para que la valuación fiscal del inmueble haya aumentado un 74 por ciento desde el año pasado sin que yo le haya hecho el más pequeño cambio o arreglo. Me consuelo pensando que es una pregunta generalizada y sin respuesta, que se hacen millones de contribuyentes que cada mes pagan más por recibir menos.

Nos queda por mencionar un frente más, desde el que la sensación de estar rodeados de hostilidad se hace más evidente y que es el frente externo. Si bien es el gobierno de Argentina quien ha agotado su crédito con amplios sectores de la comunidad internacional, las consecuencias negativas  de esta actitud nos afectan a todos los que habitamos este generoso suelo. Internamente, nuestro ejecutivo se burla de las normas y las limitaciones  o las rescribe a su antojo pero externamente rigen otras reglas cuya violación tiene su precio. Ya las organizaciones internacionales se niegan a aceptar nuestras estadísticas de inflación y crecimiento por su evidente inexactitud. El Fondo Monetario Internacional, del cual somos voluntariamente socios por nuestra propia conveniencia, ha decidido que auditará nuestra economía en forma compulsiva y sin nuestra participación porque esa auditoría forma parte de los compromisos de los socios. Los Estados Unidos nos quitaron ciertas preferencias arancelarias por no cumplir un fallo del Centro de Controversias Internacionales (al que acudimos en forma voluntaria) que beneficiaba a empresas de su país. La forma tosca e indiscriminada en que limitamos las exportaciones, sin respetar los convenios ni los usos internacionales a los que adscribimos, ha motivado la protesta de decenas de naciones en la Organización Mundial de Comercio, paso previo a un pedido de sanción. Esta actitud con respecto al comercio externo está afectando también nuestras relaciones con los países de la región y aun con nuestros socios del MERCOSUR. La última “picardía” de nuestro gobierno ha sido   dejar trascender su disposición a recuperar el control de la empresa petrolífera YPF que ahora está en manos de la española REPSOL sin pagar su valor de mercado. Podemos debatir si la  decisión de re estatizar es acertada y oportuna y coincidir en que es una empresa que no debió ser privatizada pero lo que no podemos evitar, luego de haber recibido los fondos por su  venta, es reincorporarla al estado nacional sin pagarle a sus actuales dueños. Lo contrario es una confiscación, lisa  y llana,  y tendrá severas consecuencias internacionales para nuestro país.

Advertimos la gravedad de este tema a medida que los señores gobernadores comenzaron a quitarle áreas a YPF en forma rápida e  inconsulta. Cuando la maniobra se hizo pública y evidente se produjo la ineludible reacción y las advertencias  y amenazas llegaron desde diversas fuentes. Por supuesto de España con mucha dureza (el tema lo leí en las tapas de 20 diarios españoles), desde el seno de la Unión Europea y desde diversos países que tienen también intereses en REPSOL. La magnitud de la reacción desconcertó a los inexpertos funcionarios locales, incapaces de  entender las reglas del sistema que impera en el mundo, y apagó abruptamente  la emisión de la promocionada decisión. Dicho en forma sencilla, hicimos un papelón internacional que pone al gobierno ahora en una disyuntiva: comenzar una tardía negociación reconociendo su error o seguir adelante y terminar de aislarnos  y perjudicarnos en nuestras relaciones exteriores.

Cuando decimos que estamos rodeados, surge de inmediato preguntarse quien nos rodea. La respuesta es que nos rodean la corrupción, la incompetencia y en muchos casos la malevolencia que afecta tanto a nuestro frente interno, en lo institucional y social, como al frente externo que nos relaciona con el mundo. Como ciudadanos tenemos la obligación y la responsabilidad de tratar de romper el cerco que nos rodea, señalando,  denunciando y manifestando pacíficamente en este período y organizándonos políticamente para tener las herramienta jurídicas  que nos permitan competir en las próximas elecciones   para nunca más tener que depender de viejos políticos desgastados a la hora de construir nuestro futuro.

Un abrazo para todos

Juan Carlos Neves, Presidente de Nueva Unión Ciudadana

www.nuevaunionciudadana.org